Superpoderes sin superhéroes

Por esos antojos de la historia contemporánea, tan afecta a la gula por las ironías, los superpoderes acaparan en la provincia, durante este mayo diluviante, las principales carteleras de la ficción cinematográfica y de la realidad política.
Los amantes vernáculos del pochoclo tienen la excusa perfecta en Capitán América 3, cuyo título original no lleva el número 3 sino la expresión -en inglés- Guerra Civil, que alude al enfrentamiento entre protagonistas que estaban en el mismo bando. En la historieta Civil war, que inspira el filme, el conflicto se suscita por una ley que impulsa el gobierno. La norma crea un “Acta de registro de superhéroes” y los obliga a revelar ante las autoridades su verdadera identidad. Unos están de acuerdo, pero otros no y en esa discrepancia detona el conflicto.
Fuera de las salas con pantalla grande, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para darles superpoderes al Ministerio del Interior y al Ministerio de Economía. Al primero, para acordar mes a mes con cada intendente y cada comisionado rural el monto de los recursos públicos con los cuales los asistirá la Provincia; y para enviar esos dineros a las comunas. Al segundo, para que distribuya en los municipios lo que hayan convenido con el Ministerio del Interior. En la Legislatura, sorpresivamente, acaban de decir “no”. Hoy no está sancionada esa ley y creo que todos los municipios funcionan perfectamente, sin impedimentos, se pronunció el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, para manifestar diplomáticamente su intención de sepultar la iniciativa. Creo que no hay tanto apuro por el tratamiento (de ese proyecto), agregó, para más datos.
Lo que parece dividir al oficialismo es un conflicto referido a la verdad y a la identidad. Porque en la Casa de Gobierno quiere superpoderes para usarlos en la más estricta reserva. En la Legislatura, en cambio, reclaman que el funcionariado dé la cara y diga cuáles son las reales intenciones detrás de semejante cúmulo de discrecionalidad.

Es o no es
La semana pasada se avisó aquí sobre el carácter absurdo del proyecto remitido por el Ejecutivo. Durante el alperovichato, el régimen de sometimiento de los jefes municipales y comunales se llamó Pacto Social, y consistía en que las administraciones de las ciudades y de los poblados entregaban su autonomía al Gobierno a cambio de los recursos para pagar los sueldos y financiar obras. El canje oprobioso, cuanto menos, hacía concesiones: los montos eran establecidos y distribuidos por ley, de una sola vez para los 12 meses. Pero el año pasado, la Provincia decidió que no le garantizaría ninguna gobernabilidad a la intendencia capitalina de Domingo Amaya, así que optó por los arreglos individuales con cada municipalidad y con cada comuna y, por supuesto, no envió ninguna iniciativa a la Legislatura conducida por Manzur. 
Entonces, ¿por qué manda el gobernador un proyecto de ley para hacer lo que durante su vicegobernación se llevó a cabo sin necesidad de una ley? Esa pregunta obtiene, dentro del mismísimo oficialismo, un grupo de respuestas y un conjunto de interrogantes.
Las respuestas son de orden operativo y refieren a los superpoderes. Si el Ejecutivo quiere un paraguas legal (léase, si los ministros de la Casa de Gobierno involucrados están buscando un respaldo parlamentario antes de instrumentar la nueva modalidad de asignación de dineros para municipalidades y comunas), es difícil no advertir que se pretendería no un nuevo mecanismo de negociación y distribución de recursos sino, en realidad, un sistema de premios y castigos. 
Visto del reverso: si todo lo que se debe acordar es el pago de salarios, y todo lo que se debe negociar son planes de obras, ¿para qué una norma, si no se va a discriminar a nadie? Ahora bien, si el supuesto de esta pregunta no se verifica, entonces sí resulta indispensable contar con una ley debajo de la cual cobijarse.
Acaso sea por eso que requiere de una norma el Ministerio del Interior, que fijará mes por mes cuánto le tocará a cada quien; y también el Ministerio de Economía, que enviará los dineros a las municipalidades. ¿Puede hoy la cartera económica remitir a las intendencias los dineros que eventualmente le solicite el Ministerio del Interior? Sí, pero sólo la primera vez. Cuando llegue el siguiente pedido, Economía pedirá (así lo establecen los procedimientos de ley) una documentada rendición de cuentas. Si no, ni un centavo más... salvo que otra ley establezca el “siga-siga” y libere de responsabilidad a los funcionarios.
Por cierto: es curioso que a un Gobierno al que se le ocurren procedimientos tan complicados, se le escapen soluciones tan simples para las administraciones locales como coparticiparles parte de lo que se recauda por Ingresos Brutos, que -pesos más, pesos menos- aporta unos $ 600 millones mensuales al erario. Es cierto que hoy no es un impuesto coparticipable (como el Inmobiliario y el Automotor), pero tampoco eran coparticipables las retenciones a la exportación de soja, y la ex presidenta Cristina Fernández (tan aclamada por su ex ministro y hoy gobernador) decidió compartir una parte con gobernadores e intendentes.

Bien pero mal
Los interrogantes son de índole política y refieren al conflicto.
Hasta ahora, el oficialismo viene funcionando con un reparto de funciones que le ha dado resultado. Se sintetiza en la fórmula “Manzur viaja / Jaldo se queda”. Y justo antes de que el Poder Ejecutivo decidiera remitir una iniciativa de superpoderes al Poder Legislativo, en uno y en otro sector se jactaban de lo exitoso de la experiencia. La pregunta preferida era más o menos así: en diciembre pasado, luego de las anuladas elecciones de agosto, las masivas movilizaciones a la plaza Independencia, el sitio a los Tribunales y el macrismo que hacía campaña mostrando al kirchnerismo como la mala noticia de la Argentina (y a Tucumán como la mala noticia del kirchnerismo), ¿alguien imaginaba que Manzur lograría dos fotos con Macri, además de más fondos para Tucumán? Sí, es cierto: las fotos son reales, pero el aumento de los recursos públicos es sólo promesa. Aún así -insisten los manzuristas-, lo conseguido (más allá de la discusión de si es poco o mucho) era, hace cinco meses, difícil de imaginar.
Mientras Manzur apostó todos sus esfuerzos (y buena parte de sus días) a buscar ese acercamiento con la Casa Rosada, Jaldo (se solazaban los manzuristas) co-gobernó sin zancadillas. Léase, no alentó internas, a pesar de que tenía en su haber algunas veleidades para tratar de diferenciarse del gobernador. Por ejemplo, que el grueso de los votos que obtuvo la fórmula provino del interior (él fue el ministro del Interior alperovichista), mientras que la capital (encomendada a Manzur) le propinó una sonora cachetada electoral.
Entonces, si la fórmula “funciona”, ¿por qué Manzur envió a la Legislatura un proyecto de superpoderes para fulminar cualquier predicamento político de Jaldo sobre municipios y comunas? De aprobarse los superpoderes, la supervivencia de intendentes y delegados comunales dependerá de la buena o la mala gana de un par de ministros.
Más aún: los intendentes con administraciones ordenadas, que ni siquiera participaron del Pacto Social, están viendo cómo se complica el horizonte por una tormenta de dos frentes. Por un lado, el enfriamiento de la economía resiente la recaudación nacional y afecta la Coparticipación Federal de Impuestos que reciben. Por el otro, la Provincia acordó en paritarias una recomposición salarial que, en octubre (cuando se pagan los sueldos de septiembre), redondeará para cada estatal un aumento del 30% de sus haberes, más un adicional mensual de $ 2.800. El pronóstico indica que la posibilidad de que todos los intendentes tucumanos terminen dependiendo de la asistencia de la Casa de Gobierno se consolida como una certeza estadística según pasan los días. Dicho sea de paso, los funcionarios provinciales más optimistas tienen más esperanzas que seguridades respecto de poder cumplir con el acuerdo salarial.
El agravante: si resulta que Manzur ha decidido dejar a Jaldo sin ninguna ascendencia sobre los municipios y las comunas, ¿por qué, en lugar de buscar una ingeniería administrativa, quiere que sea la Legislatura que conduce Jaldo la que apruebe esa estrategia por ley? Algo es cierto: Jaldo, con la menor disonancia que le fue posible, parece haber dicho que él no prescribirá la receta que envenene el capital político que construyó.

Antes y después

El conflicto detonado entre los oficialistas no es menor. Desde el punto de vista institucional, que haya municipios autónomos o que no los haya determina que en una provincia haya una república o un feudo. Desde el punto de vista político y electoral, lo que se está discutiendo es, en una palabra, poder.La oposición no peronista, aparentemente, no lo ha notado. Nada ha dicho, siquiera. Nada ha hecho, por supuesto. Como si no notasen que lo que está en discusión es, justamente, la territorialidad del poder político, que no depende del gobierno sino que es anterior a él: primero se tiene poder, después se llega al gobierno.En cambio, Amaya, un opositor peronista, sí lo ha hecho. Por eso, como secretario de Vivienda, tentó a la intendenta de Famaillá, Patricia Lizárraga, a suscribir un acuerdo por $ 80,4 millones en obras para su municipio. Pero ella no fue. Según el funcionario nacional, por presiones de Manzur. Según la intendenta, por problemas personales...

Hay que no hay

Así llegamos al Bicentenario de la Independencia: sin garantizar la independencia de los gobiernos más próximos al pueblo, que son los de los municipios y los de las comunas. Gracias al oficialismo en general, y al Poder Legislativo en particular, cumpliremos una década de incumplimiento constitucional. La Carta Magna reformada por el alperovichismo, con Manzur como presidente de la Convención Constituyente de 2006, consagró la autonomía municipal desde el Preámbulo. Una autonomía que, según el artículo 132, es “política, administrativa, económica, financiera e institucional de los municipios”. 
En esa misma norma escribieron: La Provincia no podrá vulnerar la autonomía que por esta Constitución se consagra, ni limitar las potestades que para asegurar la misma se confiere. 
Sin embargo, no hay ley que reglamente esa autonomía. Mucho menos hay una Ley de Coparticipación para las Municipalidades, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación postuló que debe existir en el histórico fallo “La Rioja”. En esa sentencia, como ya se avisó aquí, se cita a Horacio Daniel Rosatti, futuro juez de ese superior tribunal, quien advierte que para que las provincias no incurran en las causales de intervención federal no sólo deben garantizar el régimen municipal (por el cual los municipios existen) sino el régimen municipal calificado (por el cual los municipios son verdaderamente autónomos).
Parece una diferencia sútil, pero es abismal. En pocos lugares se advierte con tanta claridad como en Tucumán. Aquí hay superpoderes pero no hay superhéroes. Por caso, hay municipios y, sin embargo, no hay ningún régimen municipal.